Se vende por 15 mil pesos el padrón del IFE

A pesar de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sigue existiendo un extenso comercio ilegal de bases de datos en nuestro país.

Ciudad de México.- El padrón capitalino y del área conurbada del IFE se ofrece en 15 mil pesos, en formato digital y, supuestamente, en menos de 24 horas, en la Plaza de Santo Domingo. Excélsior pudo constatar cómo los vendedores ofrecen también el Renaut, aunque la entrega tarda más y el precio está a negociación, con la “garantía” de que se adquieren datos “oficiales”.

“Desde 2009 se vio este fenómeno. En México las grandes bases de datos no están protegidas como debiera ser, de modo que se venden en el mercado negro”, explica Alberto Nava, especialista en delitos informáticos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Estos casos se detectaron desde 2003, cuando la estadunidense Choice Point declaró que obtuvo la base de datos completa del IFE; las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) desembocaron en la sentencia de un delito menor.

La venta

Al amparo de arcos y paredes de pasado colonial, tranquilos, con aire indiferente, vendedores de la Plaza de Santo Domingo matan el tiempo, a la espera de los compradores de su inusal “mercancía”: la información “privada” de millones de mexicanos.

Con un susurro ante la gente que pasa, inicia el comercio ilícito: desde títulos y documentos oficiales, hasta bases de datos.

Los padrones capitalino y nacional del Instituto Federal Electoral (IFE), la base de datos del fallido Renaut, listas de usuarios de operadores telefónicos, de tarjetas de crédito y otras bases se comercializan impunemente a unas cuadras del Palacio Nacional (donde despacha el Presidente de la República) y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento (sede del Gobierno del Distrito Federal).

Acciones

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pugnó desde 2005 por la creación de una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFDPPP), que finalmente entró en vigor en 2010.

Sin embargo, una primera medición de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), reveló que 44 por ciento de las empresas que deben acatar la ley no lo han hecho, lo que de acuerdo con Nava, mantiene en riesgo la información privada.

Recordó que además de las multas, que pueden llegar a 32 millones de pesos, “la venta de bases de datos está tipificada como delito en el código penal por robo de información, y que siga sucediendo es un problema de seguridad nacional”.

Tráfico digital

A la par de lo que sucede en la calle, el tráfico ilegal de información se da en la red, y de acuerdo con la empresa de seguridad Symantec, en 2008 representó 276 millones de dólares.

En julio de 2010, a escasos dos meses de su implementación, el Renaut ya se ofrecía en sitios como “quebarato.com” por 500 pesos, con números celulares, CURP y otros datos.

De acuerdo con Alberto Nava, al venderse en el mercado negro pueden ser utilizados para extorsiones o secuestros. En 2011, el registro fue cancelado y en marzo pasado se ordenó su destrucción.

Otro ejemplo es la empresa ePublicidad.com, de Guadalajara, la cual, con el objetivo de ayudar a los clientes a dirigir sus campañas, ofrece paquetes de bases de datos que van desde números de contacto segmentados por nivel socioeconómico hasta usuarios de tarjetas de crédito.

Los datos de usuarios de tarjetas American Express del Valle de México cuestan entre tres mil 600 y 61 mil pesos, dependiendo el número de contactos.

“Podemos cotizarte por nivel socio económico o por propietarios de tarjetas, pero ahí sí va a variar el costo de la información; al definir el perfil te hacemos varias propuestas”, señaló un empleado de la compañía.

Dijo que no se pueden dar números de cuenta o códigos de seguridad. “Antes sí se podía, pero cuando entró en vigor esta ley ya no se puede, a menos de que requieras más información podemos personalizarlo”, agregó.

Trabajo pendiente

De acuerdo con analistas, otro factor que potenció esta práctica es la tecnología. “Desde 2009, México y Perú se posicionaron como países en los que se desarrolla malware, y en México ha tenido mucho éxito, porque se puede robar información de cualquier sistema o dispositivo, y luego se vende en el mercado negro”, señaló Jorge Mieres, analista de Kaspersky Lab.

Nava aseguró que aunque ya existen una ley y penalizaciones para la protección de estos datos, lo importante es su aplicación, pues es preocupante que los datos de los ciudadanos puedan ser vendidos y manipulados a plena luz del día, como sucede en la Plaza de Santo Domingo.

Profesionista en dos horas

Para identificarse como doctor, administrador o abogado, no es necesario estudiar cuatro años, basta con cuatro mil pesos para comprar en la Plaza de Santo Domingo, en menos de dos horas, un título profesional con sellos oficiales, cédula y carta de pasante.

La venta se hace en las calles y el “trámite” en el interior de las vecindades “por su seguridad y la mía”, dice el vendedor.

Una escalera de fierro desgastado conduce a un pequeño cuarto de paredes color crema, habilitado como imprenta. Detrás de una barra de madera, Jimmy, saca un fajo de cédulas profesionales con distintos sellos y un pliego de piel de cochino con el que se hacen los títulos profesionales.

“Se usa este papel para el título y éstas son las cédulas; vienen todos los sellos oficiales”, oferta.

Se debe pagar en efectivo y proporcionar datos personales como fotografías, CURP, nombre, carrera y generación, los cuales, además de construir el título profesional, alimentan las bases de datos que ahí también venden, bajo pedido.

Fuente: vanguardia

El lavado de dinero no se castiga en 20 estados

• Sólo 12 entidades del país tienen tipificado el delito de lavado de dinero, reveló ayer la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

Durante la inauguración de un seminario internacional sobre prevención de este ilícito y financiamiento al terrorismo, en la Asociación de Bancos de México, urgió a los estados a legislar en la materia, una exigencia que, dijo, se ha reiterado en el interior de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Aseguró que el blanqueo de activos, además de legitimar ganancias derivadas de conductas criminales, ha desestabilizado la economía nacional, por lo cual, para combatirlo, pidió el respaldo de las instituciones bancarias que operan en México.

En lo que pareció un reproche a la indiferencia y complicidad, alertó: “Saber lo que debo y tengo que hacer y no realizarlo, es peor que la peor de las cobardías”.

Las 20 entidades sin instrumentos legales para luchar contra el lavado son Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Edomex, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Colima.

Sólo tienen legislaciones antilavado Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, aunque no son homogéneas.

Morales afirmó que la fortaleza de las organizaciones del crimen organizado tiene dos orígenes: “sus recursos económicos se traducen en capacidades reales de cooptación y adquisición, y las armas que les permiten confrontar a grupos antagónicos y a las autoridades”.

Advirtió que el abatimiento de la violencia sólo será posible cuando se prive a los cárteles de sus recursos materiales y se minen sus fuentes de financiamiento.

Nivel federal. La Procuradora también develó pendientes legislativos en el ámbito federal; enumeró iniciativas que no se han aprobado y algunas que ni siquiera se han discutido como la Ley para Prevenir y Combatir las Operaciones con Recursos de procedencia ilícita, así como reformas tendientes a actualizar y fortalecer los tipos penales, establecer técnicas de investigación indispensables para la persecución del lavado, enfrentar las conductas delictivas que se relacionan con este delito y dotar de eficacia la figura de la extinción de dominio.

Entre las herramientas que aún se encuentran en papel, están la conceptualización de actividades vulnerables al lavado de dinero como la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteo; la emisión de tarjetas de servicios, de crédito o de cualquier otro instrumento utilizado como medio de pago para la adquisición de bienes o servicios o para la disposición de efectivo; la comercialización de cheques de viajero u otorgamiento de créditos por instancias distintas a las financieras.

Además, la prestación de servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles; la comercialización de metales y piedras preciosas, joyas o relojes; la subasta de obras de arte; los servicios de blindaje de vehículos terrestres; la prestación de servicios de fe pública; y la distribución de vehículos, nuevos o usados, de tipo aéreo, marítimo o terrestre.

Las leyes que aún están congeladas contemplan la creación en la PGR de una Unidad Especializada en Análisis Financiero y Contable, cuyo titular tendría carácter de agente del Ministerio Público y contaría con oficiales ministeriales y personal especializado que podría consultar las bases de datos de la SHCP, pues esta dependencia estaría obligada a proporcionar la información requerida.

lacrónica

Por documentación falsa caen servidores públicos

• Se les acusa de usurpación de funciones

Presenta la Secretaría de la Función Pública 21 denuncias penales ante la PGR y elabora otras 11 por usurpación de profesión contra 32 servidores públicos que entregaron cédulas y títulos profesionales falsos.

Investigaciones realizadas revelaron que 36 servidores presentaron documentación falsa al ingresar a las secretarías del Trabajo, Salud, IMSS, al Instituto Nacional de Salud Pública, al Hospital Juárez de México y al Centro de Recursos Educativos Avanzados de Chiapas.

De las cédulas y títulos profesionales falsos detectados, 23 corresponden a personal de mandos medio y superior: una dirección general, dos direcciones generales adjuntas, ocho direcciones de área, cuatro subdirectores y ocho jefes de departamento. Otros ocho corresponden a personal de apoyo.

PGR está aún sin acceso a expediente de matanza en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre.- La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene precisión, ni certificación de que los 35 cadáveres que fueron arrojados en la vía pública del municipio de Boca del Río, Veracruz, hayan tenido alguna actividad delincuencial, revelaron funcionarios de la institución.

Luego de que el gobierno de Veracruz pidiera que la dependencia federal atrajera el caso, funcionarios de la institución revelaron que las autoridades de ese estado no han mostrado los expedientes, donde se encuentran asentados los resultados de las necropsias practicadas a los cadáveres, ni mucho menos la constancia de que todos los ejecutados tuvieran antecedentes penales.

Funcionarios de la dependencia federal indicaron que se tiene la información de que algunos de ellos sí pertenecían a la organización delictiva de Los Zetas; sin embargo, no se ha podido establecer la plena identificación de los 35 cadáveres que fueron arrojados en la glorieta de los voladores de Papantla en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Según los funcionarios consultados, hasta el cierre de esta edición, la dependencia federal no tiene un solo elemento que justifique la atracción del caso por parte del gobierno federal.

Cabe destacar que el pasado 20 de septiembre, un total de 35 cadáveres, 23 de hombres y 12 de mujeres, fueron abandonados en una de las principales avenidas de Boca del Río, municipio conurbado del puerto de Veracruz, frente al centro comercial Américas, confirmó el procurador de Justicia de esa entidad Reynaldo Escobar Pérez.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde en la avenida Ruiz Cortines, en un paso a desnivel, donde se colocó una camioneta obstaculizando el paso de vehículos, mientras un comando armado bajaba de las camionetas de redilas varios de los cadáveres para dejarlos en el pavimento.
Usan Plataforma México.

Ante ese hecho, el procurador de Justicia de la entidad informó que mediante Plataforma México se determinó que todos los victimados tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

Los hechos ocurrieron dos días antes de que se llevara a cabo la XI reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Fiscales de todo el país.

De acuerdo con funcionarios de la PGR, la identificación plena de personas ejecutadas, puede tardar de uno a dos días por persona, toda vez que tienen que practicárseles varios exámenes para determinar que la verdadera identidad.

Cabe recordar que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró la semana pasada que los 35 cadáveres dejados en la vía pública eran delincuentes y afirmó que las personas que eligen delinquir siempre tendrán un final trágico: “si no terminan en prisión, pagan sus actos con la vida”.

El gobernador dijo también que no permitirá que al estado se le encasille y etiquete como ha ocurrido con otras entidades del país, donde el crimen organizado a causado terror a sus habitantes.

lapoliciaca

Frena PGR indagaciones sobre masacre: CNDH

El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, acusó a la PGR de negar el acceso al personal de la Comisión para consultar las constancias sobre el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace un año.

Imagen del sitio donde fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes asesinados el 24 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, es un expediente abierto. A un año del asesinato de 72 migrantes presumiblemente por integrantes del cártel de Los Zetas y el hallazgo de 193 cuerpos en fosas clandestinas, los secuestros de indocumentados se siguen perpetrando en México, reconoce Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo continúa la investigación del caso: indaga si las autoridades federales y estatales han trabajado en el apoyo y protección a migrantes en la zona, cómo actuaron después de las ejecuciones y cómo se han conducido las pesquisas, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) se ha resistido a colaborar y dar acceso a las averiguaciones previas al personal de la comisión, señala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Batista Jiménez subraya que este episodio trágico no debe, ni puede ser olvidado, ya que la muerte de 58 hombres y 14 mujeres —provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador— a manos del crimen organizado “constituyen un botón de muestra de la situación de especial vulnerabilidad a la que se haya expuesta la población migrante en tránsito por México”.

El múltiple crimen es evidencia también de “la ausencia de política pública concreta y sobre todo efectiva en materia de prevención de delitos cometidos en perjuicio de las y los migrantes, derivados de la falta de coordinación entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno”.

La CNDH documentó en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México que entre abril y septiembre de 2010 se reportaron al menos 214 casos de secuestro masivo de migrantes, con 11 mil 333 víctimas, y que en el país hay 71 municipios, en 16 entidades, identificados como las zonas más peligrosas para este sector, donde son víctimas de secuestros, abusos de autoridad, extorsiones, robos y ataques sexuales.

¿Un año después de la masacre hay cambios en este escenario?

A partir de febrero, cuando se presenta el informe de los secuestros en perjuicio de la población migrante, hemos documentado otros casos relacionados, en concreto de secuestro.

“Aunque las cifras actualizadas aún no están disponibles, el hecho es que los plagios siguen ocurriendo. Habría que elaborar un nuevo diagnóstico muy concreto en la materia. Esperaríamos que lo hiciera el propio gobierno federal con la finalidad de contar con un análisis muy puntual a partir de estos hechos que ocurrieron en San Fernando, para determinar si ha habido avances en la materia sobre todo tratándose del tema de seguridad pública y de prevención del delito y procuración de justicia”.

Al margen de este diagnóstico, ¿se siguen registrando estos hechos?

Hemos venido documentando algunos casos y, efectivamente, es un tema que tiene que atacarse de manera puntual, sobre todo de manera inmediata para que no sigan ocurriendo en el futuro. Se deben tomar acciones a corto plazo, porque lo importante es garantizar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Se debe atacar el problema en las zonas de alto riesgo ya identificadas.

Expediente abierto

Batista Jiménez dijo que el caso concreto de la masacre de migrantes no está cerrado para la CNDH.

“Seguimos integrando el expediente de queja hasta que podamos emitir una determinación que sirva para ayudar a las víctimas, que se investiguen estos casos y no queden en la impunidad, y también que se investigue la actuación de las autoridades que pudiera ser violatoria de los derechos humanos”, explica.

En el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, el organismo nacional tiene abiertas diversas líneas, tales como determinar si las autoridades federales, así como de Tamaulipas y del municipio de San Fernando, han tenido coordinación para brindar apoyo y protección en favor de la población migrante en la zona.

Se indaga, añade el visitador, que la atención médica que recibió uno de los sobrevivientes de los hechos haya sido la adecuada, y que las autoridades hayan cumplido con su obligación de resguardar sus datos personales en su calidad de víctima, con el fin de garantizar su seguridad e integridad personales.

La CNDH también investiga que se haya brindado la asistencia migratoria adecuada a los sobrevivientes; que se practicara la óptima preservación y manejo de los cuerpos de los migrantes fallecidos, sobre todo cuando uno de los cadáveres fue repatriado a un país distinto del que era originario.

“Estamos investigando si se realizaron las diligencias adecuadas para la identificación de los cuerpos, en particular, si los análisis forenses fueron practicados conforme a los protocolos respectivos”, puntualiza.

También indaga si se generó una adecuada coordinación entre la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la PGR, en la investigación de los hechos.

Demanda cooperación

Batista Jiménez lamentó que la PGR ha negado el acceso al personal de la CNDH para consultar las constancias que integran las investigaciones, “lo que constituye un obstáculo importante para nuestra investigación, a fin de determinar, en especifico, si la autoridad ministerial está actuando conforme a los parámetros legales correspondientes y con pleno respeto a los derechos humanos”.

“En recientes días hemos vuelto a solicitar de manera oficial esta colaboración de parte de la PGR. Esperamos encontrar una respuesta positiva para que podamos conocer la verdad de los hechos, coadyuvar en todo caso a la investigación y me parece que la sociedad tiene derecho también a una transparencia a ese respecto, desde luego velando siempre por la protección a las víctimas”, expone el visitador.

Ante esta negativa de la PGR a colaborar, recordó que los funcionarios de la comisión tienen la obligación legal de guardar reserva y confidencialidad de todos aquellos datos que pudieran afectar la integración de las averiguaciones previas o que en todo caso pudieran afectar a las víctimas del delito.

Comentario

• A un Año de la masacre, autoridades no han resuelto dicho atroz crimen.
  
• El único sobreviviente denunció a la Marina, no fue por investigación de la PGR.
  
• Porque este crimen duerme el sueño de los justos.?
  
  
  
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México: bombardeos record de cocaina en el area de Cancún; llueve droga hasta en las playas de turismo.

Por su ubicación geográfica, el estado méxicano de Quintana Roo es paso obligado para el trasiego de droga desde Sudamérica o Centroamérica hacia Estados Unidos, y las formas y métodos de las organizaciones del narcotráfico para lograr su fin se han ido adaptando a las circunstancias.

Hoy, en esta entidad, donde el consumo de drogas entre la población va al alza, se tiene detectado que nuevamente sus playas son escenario del “bombardeó” de cocaína desde aviones, barcos o lanchas, de acuerdo con informes de la Secretaría de Marina (Semar), Procuraduría General de la República (PGR), autoridades locales y expertos en el tema.


Incluso, los recientes recales de cocaína asegurados en las playas turísticas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel durante este mes, superan el volumen decomisado en año y medio por las autoridades, según datos oficiales de la PGR. La dependencia, al igual que la Semar, precisó que de enero de 2010 a junio de este año lograron asegurar más de 75 kilos de cocaína, pero tan sólo en los últimos 10 días se hallaron 93 kilos del mismo alcaloide en las playas de Quintana Roo.

Desde hace más de un lustro se había dado un descenso de estos recales, cuando en 2002 se dio un “boom” y ahora nuevamente, casi desde finales de 2010, estamos notando un incremento del arribazón de droga, afirmó Gumersindo Jiménez Cuervo, ex comisionado de Seguridad Pública en Quintana Roo y actual director de la policía municipal de Othón P. Blanco. “Los aviones con ayuda de la tecnología GPS están siendo usados a ras del agua para bombardear la droga, pero con la premura o las condiciones climatológicas alguna de éstas no logran ser recolectadas y es la que esta recalando a la orilla de las playas de Cancún, Cozumel y Solidaridad”, explicó.

Las operaciones de “bombardeo” de droga que viene marcada con ciertos colores o en algunos casos el embalaje trae figuras de escorpión, piscis o pegaso para identificar procedencia y laboratorio, deben ser de forma muy apresurada, ya que además la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con radares en esta región fronteriza con Belice y Guatemala para detectar la presencia de vuelos clandestinos relacionados con el narcotráfico.

La tecnología de este tipo ha permitido en el pasado importantes aseguramientos, como en junio de 2005 cuando se detectó y persiguió una avioneta de origen colombiano que finalmente se desplomó con dos tripulantes, los cuales murieron, pero logaron el aseguramiento de una tonelada de cocaína, en El Gallito, Quintana Roo.

Desde la década de los 90, los recales de droga empezaron acentuarse en la entidad, pero con más presencia en el sur, en lo que hoy se conoce como la Costa Maya, desde Punta Herrero hasta Xcalak a través de las famosas lanchas rápidas “Eduardoño” de Colombia, dijo. El narcotráfico usa estas lanchas de tres motores fuera de borda con 250 caballos de fuerza para llegar a las costas mexicanas en tan sólo 18 horas y descargar la droga, pero no ha sido el único medio de transporte que utilizan, también están los submarinos y aviones, comentó.

Quintana Roo por su ubicación estratégica es utilizado por los cárteles para el trasiego de la droga que proviene de Sudamérica con destino final Estados Unidos y Canadá, señaló Jiménez Cuervo.

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