#YoSoy132 presenta su propuesta de democratización de los medios

alt1040.- La democratización de los medios fue el pilar en el que cimentó el surgimiento de #YoSoy132, el movimiento (originalmente) estudiantil que inició durante el proceso electoral en México. Si nos atenemos a su origen, ésta fue la primera demanda que tuvieron, después de que varios medios omitieran las protestas contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana en mayo, calificándolas de un boicot organizado. Esta situación llevó a su primera marcha hacia las instalaciones de Televisa. Ahí se encendió la mecha.

Es innegable que el movimiento ha perdido fuerza y apoyo popular -de hecho, algunos antiguos miembros lo consideran en su ocaso-. El desgaste era un escenario natural. Sin embargo, no me enfocaré en esta ocasión a hablar sobre su situación actual, sino a un tema más puntal: su propuesta para la democratización de los medios en México. Si se entiende la historia del movimiento, éste debería ser considerado como la culminación de su primera gran consigna de batalla.

Antes de proseguir, aclararé desde dónde escribo. En varias ocasiones (especialmente, en su inicio) defendí muchas de las acciones del movimiento. En semanas recientes, me he mostrado mucho más crítico con sus propuestas; por ejemplo, su postura sobre el graffiti y el espacio público y la convocatoria para realizar una nueva Constitución. Sin embargo, los considero un contrapeso necesario y con mucho potencial sin explotar, amén de defender su derecho a protestar y condenar los actos de represión en su contra. Como diríamos en México, no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario.

Esta semana, el Grupo de Trabajo por la Democratización de los Medios ha presentado su propuesta. Mi sensación después de leer un par de veces su misiva fue de decepción. Su documento me confirma que, de alguna forma, se han centrado más en combatir al molino de viento del duopolio mediático, dejando de lado muchas aristas del problema. Como diría la académica Gabriela Warkentin, lo que pudo ser un horizonte de desarrollo se convirtió en un catálogo de revanchas.

Vamos por partes. ¿Cuáles son los ejes que sostiene la propuesta? Marco Gómez Lovera de Vivir México los menciona en su análisis:

• Establecer un modelo en el que se reconozca el ejercicio de la comunicación a entidades estatales, comerciales y ciudadanas no lucrativas.
  
• Las telecomunicaciones y la radiodifusión deben reconocerse como servicio público.
  
• La obligación del Estado de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
  
• El Estado deberá favorecer presupuestal y jurídicamente que los proyectos autónomos locales y comunitarios.
  
• Adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de medios de comunicación.
  
• Alfabetización mediática con miras a eliminar la brecha cognitiva a la par de la digital.

Bien, la propuesta inicia con un planteamiento de la situación, en la que se acusa que el monopolio mediático abarca prácticamente cualquier plataforma (televisión, radio, prensa, Internet) y que se han convertido en un poder fáctico. Aquí no se equivocan. Bien, entonces el objetivo que se plantea es reducir esta concentración de poder a través de la democratización. El problema es que #YoSoy132 entiende esta parte, de cierto modo, como darle más control al Estado. Paradójico, ¿no?

El monopolio de los medios no permite que gran parte de la sociedad mexicana tenga acceso a otras versiones de las historias contadas y, mucho menos, le permite ser partícipe de la narrativa de las mismas, incluso cuando llega a ser el protagonista.

Televisa y TV Azteca funcionan no como reflectores, sino como constructoresde una falsa realidad y, peor aún, de una falsa consciencia política en la sociedad mexicana. (…) Es imprescindible la desconcentración del control de los medios de información por Tv Azteca y Televisa, así como la inclusión de sectores ciudadanos actualmente excluidos, tales como comunidades indígenas, grupos comunitarios, sociedad civil y organizaciones de protección de derechos humanos

El movimiento parte de la idea de fomentar la pluralidad, algo que es indispensable para la sociedad. La solución propuesta pasa por políticas como el subsidio de proyectos autónomos -algo paternalista, pero podría funcionar- y por elevar la competencia en el espectro. La pregunta es: ¿quiénes ingresan? Se propone la creación de más opciones mediáticas (¿canales, emisoras?) donde tengan cabida estas “otras voces”, pero ¿de dónde van a sacar los recursos para entrar? Del Estado. Subtextualmente, me parece que se pide una entrada de los medios públicos con más peso.

Este proceso conlleva la construcción de un andamiaje institucional que comprende acciones legislativas, políticas públicas y el establecimiento de herramientas de exigibilidad que garanticen la participación de la ciudadanía y de la población en general. Además, implica generar las condiciones óptimas para el ejercicio periodístico y comunicativo, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, la vigilancia de los medios por parte de la ciudadanía y la desconcentración de frecuencias.

Resalto las partes que me parecen más cuestionables. Entiendo la intención de que existan herramientas de contrapeso que influyan en la decisión de las empresas de medios. El punto es que eso ya existe. El rating, tan criticado por ellos, es un mecanismo de regulación por sí mismo. Si un programa no se ve, se deja de emitir. En ese sentido, ¿hacia dónde apela la “vigilancia ciudadana”? ¿Hacia la reproducción de un discurso “autorizado” por los ciudadanos? Iré a lo más básico: ¿quién representa el “interés ciudadano”?

No todo lo que se presentó me desagrada, sólo creo que hay puntos que quedaron fuera; muchos, desde mi perspectiva. Se asume que empresa y medio son lo mismo, sin comprender que cada uno requiere medidas específicas y complementarias. Se mencionó brevemente la brecha digital y la educación para la recepción crítica, puntos cruciales en esta agenda. Al final, el documento terminó por reflejar la evolución de su propio movimiento: así como pasó de un movimiento apartidista a uno anti-Peña Nieto, el plan se volvió de una intención de democracia a uno anti-duopolio.

El_Mural: y Tú que opinión tienes..?

#YoSoy132: democracia pobre, pobre democracia

la jornada: Se preguntan compañeros del #YoSoy132: ¿Qué clase de democracia es ésta donde la clase política tiene miles de millones de pesos a su disposición, mientras en educación y ciencia se regatea el presupuesto, donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero, donde los partidos políticos son, con cinismo, negocios familiares? ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo? ¿Puede llamarse democrático un modelo que pretende hacernos creer que la política sólo es votar cada seis años, aunque ni eso respetan?

Previa a las resoluciones del Tribunal Electoral muchas voces se levantaron exigiendo que éste no perdiera de vista su carácter de Tribunal Constitucional, más aún que la reconociera a plenitud. Según Silva Herzog la demanda del Movimiento Progresista plantea a los magistrados preguntas ineludibles: ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones? ¿Prevaleció la equidad? Desde el Movimiento Progresista Marcelo Ebrard plantea las tres opciones a las que se enfrentarían los magistrados: comportarse como en 2006 con cinismo reconociendo ilegalidades, pero sin modificar los resultados electorales, fundamentar exhaustivamente los estudios y aceptar la demanda del Movimiento Progresista anulando las elecciones o bien hacer el estudio exhaustivo y declarar válidas las elecciones.

La organización de la desconfianza. Pierre Rosanvallon, en su libro La contrademocracia, haciéndose cargo del déficit de confianza de los ciudadanos hacia sus sistemas democráticos, da cuenta de la emergencia de contrapoderes sociales informales e instituciones destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza. No se trata de poderes paralelos sino de un solo sistema democrático que puede de manera articulada apoyarse entre sí y con las instituciones electorales-representativas. Esos contrapoderes los organiza Rosanvallon en tres ámbitos: la democracia de control, la soberanía de obstrucción y el pueblo juez. En el primer caso estarían las distintas formas de auditorías institucionales a los poderes constituidos y las diversas formas ciudadanas de vigilancia y búsqueda de rendición de cuentas. En el segundo caso se encuentran las distintas formas de resistencia, de disidencias y de políticas negativas –de vetos cruzados– tanto en las instituciones –como los congresos o el Poder Judicial– como en formas de movilización ciudadana en contra de determinadas acciones o políticas del gobierno. En el tercer plano el autor revisa las formas clásicas del impeachment inglés o del recall estadunidense hasta la distintas formas de evaluaciones técnicas de políticas o de políticos incluyendo la revocación de mandato.

Ahora que estemos analizando qué hacer frente a un dictamen del Tribunal que deja insatisfechos a muchos ciudadanos sobre la calidad del actual proceso electoral es indispensable asumir que aún con cambios en la legislación electoral indispensables para garantizar una mejor equidad en las contiendas; hay otros que van más allá del armado electoral y que tiene que ver con cómo ejercer de mejor manera una ciudadanía de alta intensidad.

Es ahí donde el #¥oSoy132 como auditor de los poderes puede convertirse en catalizador de resistencias y propuestas encaminadas a romper clientelismos, monopolios y desigualdades. El eje de esas acciones múltiples tendría que ser el combate a todas las formas de privilegios excluyentes a partir del perfeccionamiento de las instituciones y la precisión y eficacia de las movilizaciones. Las seis demandas planteadas por el movimiento estudiantil sobre todo las que se refieren a la democratización de los medios y a la educación superior pueden convertirse en aglutinadores. Requieren definir una columna vertebral organizativa que les dé peso político permanente.